ENTRE EL CONFLICTO Y LAS DROGAS

05.11.2009 20:35

 

Una zona amenazada por  Narcotráfico y guerrilla  En el Valle del Cauca la dinámica  de la violencia se genera por dos  fenómenos: la confrontación  de las estructuras mafiosas y la influencia de los actores armados ilegales. El Cauca, por su parte, se ha configurado como un territorio importante en la movilización de la guerrilla, ya que allí convergen corredores entre la Amazonía y el Océano

Pacífico. La zona del Pacífico es primordial para el tráfico de armas y droga. Una de la características de este departamento es la relación entre el crecimiento de cultivos ilícitos  y la expansión de los grupos armados ilegales, según la Vicepresidencia de la República.

Presencia de ilegales. Según la Vicepresidencia, en el Valle se han dado acuerdos y transacciones entre la guerrilla y los narcotraficantes para brindar seguridad a sus parientes y aliados y proteger los laboratorios y corredores de la droga. En el caso de las autodefensas, la relación con los narcotraficantes ha sido de alianzas que se remontan a la confrontación del cartel de Cali y las autodefensas de Córdoba y Urabá contra el cartel de Medellín.

Durante la década de los noventa se entiende la violencia en este departamento paralelamente al fortalecimiento de los carteles de la droga. Entre 2000 y 2003 la violencia estuvo relacionada con la consolidación de grupos de autodefensa, el fortalecimiento de ejércitos privados al servicio de los capos y a la confrontación por el predominio del narcotráfico y el control territorial. En el 2004, ocurrieron una serie de asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas y líderes comunales, como lo señala la Vicepresidencia. En este mismo año se desmovilizó parte del Bloque Calima de las autodefensas, pero de acuerdo con la entidad se han presentado denuncias sobre la presencia de facciones armadas de las autodefensas en algunas zonas.

En el Cauca, la presencia de la guerrilla de las farc se ha relacionado con la amenaza sobre alcaldes y funcionarios municipales con el propósito de crear un ambiente de inestabilidad institucional, que favorezca sus propósitos militares. En el año 2003 esta guerrilla incrementó su presencia con frentes provenientes de otros departamentos, quienes han disputado la zona centro y norte del Cauca. La presencia de las auc ha sido importante desde la década del noventa, las cuales han derivado recursos financieros de los cultivos ilícitos y han amparado la expansión territorial del narcotráfico.

A finales de 2003 se desmovilizaron 150 miembros de las Autodefensas Campesinas del Cauca.

De acuerdo con el último informe sobre cultivos ilicitos en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en Cauca el cultivo de coca se mantuvo en niveles bajos entre 1999 y 2004. Sin embargo, ascendió entre 2004 y 2005 en un 114%.

Uno de los aspectos particulares ha sido la resistencia del movimiento indígena frente a la incursión de los grupos armados ilegales en su territorio.

Elecciones. En los homicidios del 2003, la Gobernación del Valle del Cauca la ganó con 700.835 (69,1%) Angelino Garzón, del Movimiento Convergencia Popular Cívica, con una amplia ventaja con relación al segundo aspirante. La abstención fue alta, del 54,5%. También fue particular la alta cantidad de tarjetas no marcadas, que llegó a 139.268 y representó el 11,8% de la votación total.

La Alcaldía de Cali la ganó Apolinar Salcedo, del Movimiento Sí Colombia, con 180.736 votos (39,6%). En mayo de este año fue destituido del cargo por corrupción en la adjudicación de un contrato de recaudo de impuestos. El nivel de abstención fue uno de los más altos, ya que sólo hubo un porcentaje de participación del 37.9%. La gobernación del Cauca la ganó con

79.621 (79.621%) el conservador José Gabriel.


 

El IDH Valle se construye con los vallecaucanos. Desde el inicio del proceso se realizan consultas con actores, especialistas, representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, alcaldes municipales y sus gabinetes, y organizaciones sociales en los 42 municipios del departamento. En este proceso de consulta se han recogido las miradas y los pensares sobre la exclusión y la inclusión de más de dos mil vallecaucanos, cuyas opiniones y aportes contribuyen a la realización de un diagnóstico de la situación de exclusión en el departamento y a visualizar caminos viables para la construcción colectiva de una región más incluyente

 

Paralelo a las actividades de consultas, prestigiosas universidades de la región vienen realizando investigaciones temáticas con el fin de entender las lógicas y dinámicas de la situación de exclusión en el departamento. Las investigaciones que se están realizando son:

Exclusión/inclusión en el mercado laboral en el Valle del Cauca.
Exclusión/inclusión en la educación en el Valle del Cauca.
Situación de exclusión de la niñez vallecaucana
Exclusión política en el Valle del Cauca
Transformaciones sociodemográficas del Valle del Cauca.
Exclusión étnica-racial en el Valle del Cauca.
Situación fiscal de los municipios del Valle del Cauca.

Otras actividades realizadas en el marco del IDH Valle

Además de consultas, entrevistas e investigaciones el IDH Valle viene participando en seminarios y conferencias sobre temas como: desarrollo humano, diversidad, discriminación e inclusión, entre otros, en diferentes espacios académicos y sociales del departamento.

 

QUIÉNES SON VÍCTIMAS DEL CONFLICTO?

Menores desvinculados  de grupos armados al margen de la ley.

Hijos en edad escolar de adultos desmovilizados.

Personas en condiciones de pobreza, desintegración y maltrato intrafamiliar.Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) La FLIP visitó el puerto de Buenaventura, luego de evaluar los altos índices de violencia contra la prensa y la población civil. Adicionalmente, visitó Cali, capital del Valle del Cauca. Se destacan la autocensura y el temor que rigen el periodismo en esta región.

 

Dentro del monitoreo realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Valle del Cauca es el segundo departamento con mayores registros de violaciones a la libertad de prensa. En el periodo comprendido entre 2003 y los primeros seis meses de 2007, se han presentado 50 violaciones a la libertad de prensa; treinta y cinco periodistas han sido amenazados, cinco de ellos han sido obligados al exilio y tres más fueron asesinados.

Buenaventura. El periodismo entre el silencio y la violencia

Hacer una descripción del panorama del periodismo en el municipio de Buenaventura obliga a dar una mirada a los contrastes políticos, sociales, económicos y de violencia por los que atraviesa hoy uno de los principales puertos del país.

Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca en territorio y el segundo en población, con un total de 328.794 habitantes en los sectores rural y urbano. Es uno de los municipios con el mayor índice de desempleo (32%), sin contar con el alto índice de subempleo y el porcentaje de la población en estado de indigencia (9%).

Estas cifras de pobreza contrastan con la importancia de este municipio para la economía del país. En el puerto de Buenaventura se maneja cerca del 55% de las importaciones y exportaciones de la nación, por el cual se perciben cerca de dos billones de pesos anuales, por concepto de impuestos aduaneros. Su extensa área rural lo hace una de las zonas más importantes en materia ambiental para la nación. Allí la minería y la explotación forestal lo convierten en uno de los soportes económicos del departamento.

Sin embargo, tanto el puerto como la zona rural de este municipio son utilizados por los grupos armados para controlar la entrada de insumos químicos para el narcotráfico. La zona rural se emplea para el cultivo y producción de drogas y el control estratégico para la salida al exterior.

Pero no son ni la guerrilla ni los paramilitares los encargados del manejo total del negocio del narcotráfico en el puerto de Buenaventura. Recientemente, fue capturado en ese municipio Olmes Durán Ibargüen, conocido como ‘El Doctor’, quien es sindicado de ser el responsable del envío de cerca de 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa.

La disputa de los actores armados por el control del negocio del narcotráfico sumerge al puerto y a su población en un caos. En el último año, esta situación ha cobrado más de un centenar de víctimas en múltiples atentados en la cabecera municipal del puerto.

Estos hechos han puesto en jaque a las autoridades, al gobierno local, departamental y nacional. Por esa razón, en el último año han sido ubicados cerca de 800 hombres de la Policía Nacional, con la misión redoblar la seguridad del puerto y reducir los índices de criminalidad que se presentan actualmente. Pese a los esfuerzos por restablecer el orden público en este municipio, la misma Fuerza Pública y varios funcionarios de la administración municipal han sido blanco de varios atentados en el último año.

Los periodistas acogidos por el programa de protección del Ministerio del Interior se quejan de que las medidas preventivas de seguridad – como rondas policiales a las residencias de los periodistas y a los medios de comunicación –no se han vuelto a realizar. Estas medidas, ordenadas por el Ministerio, fueron refrendadas con el compromiso de las autoridades locales.

Finalmente, en medio de esta multiplicidad de crisis políticas, administrativas, policiales, humanitarias y económicas, se encuentra el periodismo que se debate entre el silencio y la desaparición. En medio de los fuegos cruzados de los actores del conflicto armado y el narcotráfico, en medio de la corrupción administrativa y de la problemática social, el periodismo lucha por ser independiente y combatir la autocensura, cruzada que lo lleva a ser amenazado o a sucumbir a la mordaza impuesta por la violencia y la corrupción.

Entre 2003 y lo transcurrido de 2007, la FLIP ha registrado cerca de 19 violaciones a la libertad de prensa en este municipio del departamento del Valle del Cauca. La amenaza es sin lugar a duda uno de los mecanismos más utilizados por la guerrilla, las autodefensas , los narcotraficantes y la corrupción para silenciar el periodismo del puerto. De estas 19 violaciones a la libertad de prensa, 16 corresponden a amenazas a periodistas. A dos de esos periodistas las amenazas los obligaron a salir de la región y posteriormente del país.

William Soto Cheng, periodista del canal local ‘Telemar’, quien dirigía varios programas de opinión en este medio, fue asesinado en diciembre de 2003 luego de denunciar algunos casos de corrupción administrativa y la intervención de algunos funcionarios públicos de la época en delitos electorales. Este asesinato, como el de tantos otros periodistas en años anteriores, aún sigue en la impunidad.

En diálogo con la FLIP, Adonai Cárdenas Castillo, corresponsal del diario ‘El País’ de Cali, y uno de los periodistas más afectados por las amenazas en el puerto, señaló: “La autocensura es la única estrategia de seguridad de los periodistas en el puerto de Buenaventura. Pese al despliegue de seguridad en el puerto, las garantías para que ejerzamos el periodismo no existen”.

Frente a este panorama, las autoridades desconocen el papel de la prensa en Buenaventura, incluso algunas de ellas se atreven a afirmar que en el puerto no existe el periodismo. Otros, contradiciendo esta afirmación, señalan que el periodismo goza de todas las garantías de seguridad y que el ambiente del puerto, en términos de orden público, se presta para que los periodistas, y en general la población, se sientan amenazados.
Por su parte, el representante de la Fiscalía General de la Nación seccional Buenaventura, en medio de un consejo ordinario de seguridad del municipio llevado a cabo el pasado 18 de abril, afirmó que no se conocen denuncias de periodistas por el delito de amenazas. La FLIP indagó esto con los comunicadores del puerto, quienes señalaron que las denuncias por sus amenazas no reposan en las oficinas del la Fiscalía en Buenaventura, sino en otras unidades o seccionales, ya que desconfían de sus funcionarios y de la respuesta que se le dé a sus denuncias.

Esta desconfianza no sólo esta centrada en los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, sino también en los agentes de la Policía, el DAS y miembros de la administración municipal, pues según lo afirman algunos periodistas, se reconoce la relación de algunos de ellos con los grupos la margen de la ley que operan en la zona.

Lucy Giraldo, representante de Pastoral Social en Buenaventura, señala que los periodistas presentan serios inconvenientes para el acceso a la información que se produce a diario en los diferentes barrios del puerto, dominados por uno y otro bando. Así pues, localidades como el barrio Lleras y el barrio Córdoba, son territorios en los que los periodistas no entran y las autoridades no ejercen la ley.

Sin embargo, Giraldo destaca la importancia del periodismo en medio del conflicto que se vive hoy en Buenaventura, pues aunque circule poca información, ésta trata de destacar algo de la verdadera problemática social que vive este municipio. Giraldo añade: “pese a los serios inconvenientes, como las amenazas, la autocensura y la corrupción, el periodismo de Buenaventura se resiste a callar”.

Cali y Valle del Cauca. Periodismo versus Corrupción

La situación del periodismo en Cali y en general en el departamento está directamente ligada a la violencia de la región. Dentro de los altos índices, Cali es el municipio con mayor número de violaciones de derechos humanos en el departamento, donde se destacan los asesinatos, secuestros y el desplazamiento forzado.

Según datos suministrados por la Vicepresidencia de la República, Cali registra cerca del 50 por ciento de los homicidios del departamento, lo que significa más de 2.000 muertes violentas por año. Por otro lado, la capital vallecaucana es una de las ciudades colombianas más afectadas por el flagelo del secuestro. En el período comprendido entre 2003 y mayo de 2007, en Cali se registraron la mayor parte de los 227 plagios ocurridos en el departamento, según la Fundación País Libre.

En lo que va corrido de 2007 varios actos violentos han sacudido al Valle del Cauca. El más recordado se presentó el pasado 10 de abril, cuando una bomba fue detonada frente a la sede de la Policía Nacional en Cali, dejando un saldo de una persona muerta y varios heridos. Aparentemente, se trató de un atentado realizado por las FARC.

Informar en medio del miedo

La situación violenta en Cali y el Valle del Cauca ha afectado a los diferentes actores sociales, y el periodismo no ha sido la excepción. Amenazas, intimidaciones, agresiones e intentos de homicidio provenientes de los grupos armados o políticos corruptos que buscan ocultar sus actos delictivos han determinado que en el departamento reine la autocensura. “Acá a uno le toca limitarse a publicar las informaciones oficiales, porque investigar ya lo pone a uno en riesgo”, señaló a la FLIP Blanca María Torres, directora del diario ‘El Caleño’.

El 20 de febrero de 2007 fue frustrado en Cali un atentado contra el director del periódico ‘La Razón’, Edgar Buitrago, en las instalaciones del medio. La rápida reacción del escolta del periodista impidió que los agresores lograran su cometido. Sin embargo, el entonces comandante de la Policía del Valle, general Luis Alberto Moore, aseguró a los medios de comunicación y a la FLIP que el atentado no estaba dirigido contra el periodista, sino que se trataba de un “lío de faldas” del escolta.

En diálogo con la FLIP, Edward Alzate, delegado del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) señaló que la entidad en ningún momento descartó la hipótesis de que el atentado estuviera dirigido contra el periodista.

En ese sentido, después de una visita realizada por la FLIP a la sede del periódico donde se inspeccionó el lugar y se habló con algunos testigos, quedan serias dudas de que el atentado estuviera dirigido contra el escolta y no contra el periodista. Hasta el momento, la FLIP registró este hecho como un atentado por razones de oficio.

Pablo Arbelaez , director de un medio independiente, fue amenazado de muerte por desconocidos, luego de investigar algunos actos de corrupción en la gobernación del departamento. Tras enviar el periódico a la imprenta, recibió la llamada de un sujeto que le dijo: “vos no cabés en Cali con nuestro jefe. Usted no puede volver a sacar ese periódico”. Las amenazas fueron reiteradas semanas después cuando dos hombres ingresaron a la oficina del periodista y le advirtieron que si no se iba de la ciudad atentarían contra su vida. Por esta razón, el comunicador decidió salir temporalmente de la ciudad.

Por otra parte, el director del diario ‘Q’Hubo’, Rubén Darío Valencia, recibió en el mes de junio varias amenazas, aparentemente, por parte del jefe del narcotráfico en Buenaventura, Olmes Durán, alias ‘El Doctor’. Según informó el periodista a la FLIP, la intención de atentar contra su vida correspondía a represalias por la publicación de un informe acerca de la detención del narcotraficante por parte de la Policía, hacía una semana.

Fuente: Red de Alerta y Protección a Periodistas (RAP) de la FLIP

Estas violaciones que presenta la FLIP no constituyen – de ninguna manera – el total de violaciones a la libertad de prensa que ocurren en esta zona. Las razones son diversas: el periodista subestima el hecho, desconoce que lo que le sucedió fue una violación de su derecho a informar, tiene miedo de denunciar; desconfía de las autoridades, no cuenta con el apoyo del medios de comunicación al cual pertenece o no tiene información suficiente sobre el procedimiento que debe seguir, entre otras.

Durante su visita, la FLIP sostuvo una reunión con los representantes de la Policía, el DAS, la gobernación y la Vicepresidencia de la República, quienes manifestaron que el ejercicio del periodismo en Cali y, en general, en el Valle del Cauca, presenta serios inconvenientes.

Diego Arias, delegado de la Vicepresidencia de la República, aseguró que aunque no existen espacios de interlocución directa con los periodistas para conocer su situación, sí lo hacen con los dirigentes de las agremiaciones. En contraste a estas declaraciones, manifestaron que se conocen muy pocas denuncias de amenazas en contra de los periodistas.

 

 


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